3 de Mayo de 2014
La “Compra Pública Socialmente Responsable” se implantará en España antes de 2016, con la incorporación de una nueva directiva de la UE
El gasto público en productos y servicios supone el 19% del PIB europeo. Un dato que refleja el enorme potencial que la Administración Pública tiene a la hora de reformar las cadenas de suministro y cambiar los mercados a mejor.
En estos tiempos en los que la Administración intenta reinventarse –con mejor o peor fortuna- para ser parte activa de la recuperación económica y social, la Unión Europea se ha decantado claramente por un modelo de contratación pública que beneficia a todos: la Compra Pública Socialmente Responsable (CPSR), o Socially Responsible Public Procurement.
En marzo de 2014, el Diario Oficial de la Unión publicaba una nueva directiva aprobada por el Parlamento sobre contratación pública, que los Estados miembros deberán incorporar a partir de marzo de 2016. El artículo 18, apartado 2, exige que los contratos públicos cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión y en los convenios de la OIT sobre libertad sindical, trabajo forzoso, edad mínima y trabajo infantil, discriminación e igualdad de remuneración, entre otros acuerdos.
Pero, más importante aún que esta exigencia –que podría considerarse una mera declaración de intenciones- es que, con esta Ley en la mano, las Administraciones Públicas «podrán decidir no adjudicar un contrato al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa cuando hayan comprobado que la oferta no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18, apartado 2».
En la práctica, esto se traduce, por ejemplo, en que la Administración no comprará productos textiles fabricados en el Tercer Mundo sin garantías laborales, adquirirá mobiliario fabricado conforme a una gestión forestal sostenible y no contratará servicios de empresas que no respeten los convenios de la OIT.
Si bien estos preceptos son difíciles de verificar, numerosas Administraciones locales de toda Europa encabezan la Compra Pública Socialmente Responsable desde hace unos años. Unas iniciativas pioneras que han sido recogidas por el Proyecto Landmark de la Unión Europea, que ha concluido recientemente con la publicación de los casos de éxito de ayuntamientos y gobiernos locales de varios países de la UE.
Y es que, según los informes de Landmark, el 55% de las administraciones públicas europeas ya aplican algún método de contratación sostenible, como por ejemplo la Compra Pública Verde.
San Sebastián y Barcelona: pioneras en la Compra Pública Socialmente Responsable
San Sebastián comenzó su proceso de adaptación a la Compra Pública Socialmente Responsable ya en el año 2000, aunque hasta 2006 no se materializó un primer pacto municipal al respecto, centrado en este caso en las buenas prácticas desde el punto de vista medioambiental.
En 2009, el consistorio donostiarra convocó el primer concurso con criterios sociales, relativo al vestuario y calzado de su personal, en el que exigía a los licitadores demostrar que todos sus productos respetan las convenciones fundamentales de la OIT, aportando las correspondientes certificaciones, una declaración firmada y una relación con los datos de los subcontratistas y proveedores.
En Barcelona, la Compra Pública Socialmente Responsable se materializa en el Programa Ajuntament + Sostenible y en la creación en 2012 de un grupo de trabajo formado por representantes del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat.
Este grupo persigue la introducción de criterios sociales en las licitaciones que se prevén de productos textiles y material informático de las tres Administraciones, tratando de mejorar los derechos laborales en la cadena de suministro e influir en el mercado de una manera positiva. En la práctica, en sus reuniones mensuales se establecen normas comunes para todas las licitaciones. Y es que, según se detalla el Proyecto Landmark, a largo plazo todos los ayuntamientos catalanes incorporarán esos mismos criterios.
Las empresas: adaptarse o renunciar
Las empresas de suministros o servicios que participan en las licitaciones se verán obligadas a adaptarse a esta tendencia, de un impacto indudablemente beneficioso para la maltrecha conciencia social de las Administraciones Públicas europeas.
Para favorecer esta adaptación, las entidades que han participado en el Proyecto Landmark han hecho hincapié en el diálogo informal con las empresas y en la divulgación de sus códigos de conducta.
En 2013, Barcelona licitó la provisión de ropa de trabajo por valor de más de 2,5 millones de Euros conforme a los criterios de Compra Pública Socialmente Responsable. Y en ese proceso, fue fundamental la información a las empresas «por una cuestión práctica: para no quedarnos sin suministro», detalla Oriol Salvat, responsable del Departamento de Relaciones Laborales del Ayuntamiento barcelonés, en un documental realizado en el marco del Proyecto Landmark. «Si impusiéramos una certificación sin pactar unos tiempos de adaptación, sencillamente nadie podría cumplir estas normas».
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