14 de Junio de 2014
Aida Acitores de la Cruz
Mientras los taxistas se alzan contra la falta de regulación de plataformas como Uber, inversores y consumidores respaldan cada vez más esta forma de consumo colaborativo. ¿Qué está pasando con estas plataformas? ¿Por qué Uber se tacha de ilegal y BlaBlaCar no?
Éstas son algunas claves para entender una de las polémicas más candentes de la actualidad económica.
Qué es Uber:
Todavía existe confusión sobre qué es y cómo se utiliza la aplicación Uber, que se publicita como una forma sencilla de poner en contacto a peatones y conductores, con lo que intenta «hacer las ciudades más accesibles, abrir nuevas posibilidades a los peatones y más vías de negocio para los conductores», según detallan en su web, en la que destacan que están presentes ya en 70 ciudades de todo el mundo.
En España, Uber opera en Barcelona desde el mes de abril. Según explica en su blog, el precio de un viaje se calcula a partir del tiempo y la distancia: 0,30 euros por minuto y 0,80 euros por kilómetro, con una tarifa mínima de 3 euros.
Los taxistas critican que Uber obtenga beneficios de esos viajes compartidos, que considera “piratas”, pues no cumplen con la normativa vigente que exige, entre otras cuestiones, los correspondientes seguros y licencia de transporte del conductor. Una acusación que ha encontrado respaldo en Bruselas, donde un tribunal ha impedido que dicha aplicación opere en Bélgica, avivando las protestas en otros países europeos.
Por el contrario, otras aplicaciones, como BlaBlaCar, se consideran legales, pues no utilizan plataformas P2P, como Uber, sino que se limitan a poner en contacto a viajeros y conductores para que éstos compartan gastos.
Apoyo de los inversores:
Días antes de que los taxistas madrileños se proclamaran en huelga para protestar contra la supuesta ilegalidad de las plataformas que operan en España, Uber recaudaba 1.200 millones de dólares (880 millones de euros) a partir de fondos de inversión y otros inversores en una ronda de financiación. Según informaba Reuters, el valor estimado de la plataforma alcanza los 18.200 millones de dólares (unos 13.300 millones de euros), lo que supone una de las valoraciones más altas de la historia para una empresa de Silicon Valley.
Hay que recordar que Uber, que nació como un servicio de lujo, fue fundada en 2009, por lo que su trayectoria ha sido muy intensa en poco tiempo. De hecho, esta ronda de financiación sólo habría sido eclipsada por el interés que generó Facebook Inc antes de su salida a bolsa. En el blog de la marca, el director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, calificaba el éxito de esta ronda como «un voto de confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de Uber».
Entre las compañías que han apoyado esta ronda, destacan su socio Google Ventures o firmas tan importantes como Fidelity Investments o BlackRok Inc.
Apoyo de los usuarios:
Viendo la respuesta de los usuarios ante la huelga de los taxistas madrileños –y de otras capitales europeas, como Londres o Berlín-, la tendencia está clara: existe un amplio respaldo hacia las nuevas formas de organización colaborativa y ciudadana como la de esta forma de autostop 2.0.
Un claro ejemplo es el efecto Streisand que ha causado la protesta del gremio de los taxistas: la compañía californiana Uber no era muy conocida en España –su aplicación estaba comenzando a extenderse por Barcelona-. Sin embargo, tras la protesta el auge de las descargas ha sido espectacular, alcanzando más de 20.000 en 24 horas sólo para dispositivos iOS.
La polémica también ha supuesto un balón de oxígeno para las plataformas que sí están dentro de la legalidad, y que han aprovechado el tirón de la misma para posicionarse en un mercado en auge imparable: el del consumo colaborativo.
La propia vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, se posicionaba en su blog a favor de estas nuevas formas de colaboración ciudadana y emprendimiento. «El debate sobre las aplicaciones de taxi es en realidad un debate sobre la economía colaborativa en su conjunto. Dicho debate nos obliga a reflexionar sobre los efectos disruptivos de la tecnología digital y sobre las necesidades de los emprendedores en nuestra sociedad», destaca Kroes, que se muestra partidaria de que exista una regulación legal y recomienda a los taxistas que se sienten a dialogar con los responsables de la compañía.
Las quejas comprensibles de los taxistas y la posición del Ministerio
En España, a menudo un taxista tiene que hipotecarse para hacerse cargo de la licencia, que tiene un coste cercano a los 150.000 euros. Obviamente, a ello se suma el mantenimiento del coche (cuya vida útil es corta, teniendo en cuenta los kilómetros que hace), los seguros de responsabilidad civil, la cuota de autónomos… En definitiva, unas exigencias legales que, según manifiestan los taxistas, no se exigen a las nuevas compañías de transporte compartido.
El Ministerio de Fomento ha recordado que las nuevas plataformas deben someterse a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la cual establece:
- Que las personas o empresas que materialmente realicen esos servicios con sus vehículos careciendo de la preceptiva autorización, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.
- Que aquellos usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros.
- Que las personas que contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, aunque no los presten por sí mismos, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración.
- Que quienes oferten la prestación de esos servicios sin disponer de autorización, tanto si dirigen su oferta de forma individual a un único destinatario como si la hacen pública para conocimiento general a través de cualquier medio, incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 801 a 1.000 euros.
Esto no afecta, por tanto, a los gastos compartidos de viaje, sino a la contratación de servicios de transporte alternativos.
Organizaciones como la OCU piden que se advierta con claridad al usuario cuáles son los servicios que tienen ánimo de lucro y cuáles, por el contrario, son simplemente una vía para poner en común a ciudadanos que desean compartir gastos, como aquellos que contactan a través de BlaBlaCar, al tiempo que denuncian la creación de negocios paralelos que incumplen las normativas fiscales y de protección al consumidor.
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