Los jóvenes tendrán peores estándares de trabajo y protección social que sus padres, algo que será la primera vez que ocurre en la historia reciente de España, según explica el sociólogo Pedro López de la Fundación 1º de Mayo.
Esta situación sería un «problema de Estado» que generaría un impacto social, económico y demográfico «muy preocupante» y «cuyas consecuencias las pagarán todos» los españoles, explica López en la revista de esta Fundación que pertenece al sindicato CCOO.
La imposibilidad de emancipación que tienen en la actualidad los jóvenes españoles está directamente relacionada con el acceso a un empleo y una vivienda, por lo que considera indispensable que se adopten políticas que generen puestos de trabajo y fomenten el alquiler, pero dotadas de recursos presupuestarios.
Aboga por dotar de «soluciones estructurales inmediatas» a los problemas del empleo y la vivienda que sufre esta generación, ya que cuenta un gran potencial que daría «el mejor de los resultados con las políticas adecuadas».
Hace unos años el acceso a un empleo estaba relacionado con la capacidad de iniciar un proyecto de vida propio, pero tras la reforma laboral de 2012, explica el autor, «obtener un puesto de trabajo no implica poder acceder a una vivienda».
En el caso de los jóvenes, no hay empleo, por lo que acceder a una vivienda es «más que nunca una ficción».
López recuerda como una solución al problema del empleo la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) sobre la puesta en marcha de un plan de inversión en el que se destine el 2 % anual del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) durante diez años para crear empleo para 11 millones de personas.
Así, recuerda que todos los partidos políticos europeos han abogado por destinar más fondos para el empleo de los jóvenes (de 16 a 24 años) a través de la Garantía Juvenil.
No obstante, añade que «sin recursos económicos cualquier tipo de política que se quiera poner en marcha es papel mojado», y en caso de contar con un presupuesto, «hay que tener decisión política para activar cierto tipo de políticas».
El empleo se ha convertido en una condición «necesaria» pero «no suficiente» para emanciparse, ya que se necesita una política de vivienda basada en el alquiler.
Enfocar las desgravaciones fiscales al mercado del alquiler para propietarios, pero también para inquilinos, es «muy necesario», señala el autor, ya que actualmente «son socialmente injustas» porque no benefician a quienes más lo necesitan, «las clases bajas y, particularmente, los jóvenes».
El autor defiende que es necesario penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías para obligarles a ponerlas en el mercado del alquiler, así como utilizar el excedente de casas en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para su uso en régimen de alquiler con precios sociales, que sería «el primer escalón de emancipación viable» para jóvenes.
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