La Audiencia Nacional investigará al Banco Santander por vender obligaciones convertibles como un producto sin riesgo

En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal admite el recurso de decenas de compradores contra la decisión del juez Ismael Moreno de archivar su querella por no apreciar «indicios delictivos» en su comercialización ni que esta se efectuara «con engaño».

Según los magistrados, «es sostenible pensar» que los suscriptores «no estuvieran por la labor de convertir sus ahorros, planes de pensiones, depósitos o imposiciones a plazo fijo» y es «difícilmente imaginable» que algunos de ellos, octogenarios, «quisieran suscribir un producto especulativo, sino rentabilizar un dinero a plazo fijo, que es lo que sostienen que se les ofreció».

Los más de 60 querellantes se dirigían contra el Banco Santander S.A, Santander Emisora SAU 150, los administradores de ambas, los responsables de la emisión Ignacio Benjumea y José Antonio Soler, así como contra todos los directores de venta de los «valores» y empleados de oficina que los ofrecieron, por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y falsedad en documento mercantil.

Alegaban que la comercialización de los «Valores» era «fraudulenta», puesto que el Santander lo ofrecía como seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo, cuando en realidad eran obligaciones convertibles en acciones.

Denunciaban además que los «valores» reunían las características de un producto de alto riesgo y complejidad advertido por la propia CNMV en 2008 y que su venta se inició incluso antes de registrar el folleto, mientras la entidad les proporcionaba información «insuficiente y equívoca».

Moreno, sin embargo, decidió archivar la querella el pasado 14 de abril en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que apoyó su admisión a trámite asegurando que existían indicios de la comisión de un delito de defraudación que afectaba a personas de todo el territorio nacional.

Así, el magistrado acogía la tesis de Anticorrupción, que creyó que la emisión de estos valores «fue acorde con la normativa legal vigente», añadiendo que «no se ocultaban las condiciones de canjeabilidad» y que «las informaciones suministradas a los inversores incluían expresamente las condiciones de suscripción».

La Sala reprocha a Moreno la «nebulosa» de algunas de sus apreciaciones «al dar por sentado» que los suscriptores podían conocer el producto gracias al tríptico y el folleto informativo.

«No se discute en modo alguno que el tríptico contuviera las condiciones de la emisión del producto, a qué respondía y cualquier circunstancia esencial sobre el mismo», resaltan los magistrados, que añaden que ello «no significa que fuera en sí mismo inteligible para determinados perfiles de potenciales clientes».

Así, explican que en muchos de los casos «se puede sostener» que «no se tuvo conocimiento del tríptico ni de otro documento informativo», a excepción del argumentario de valores, sino «exclusivamente» de lo que les trasladaron los comerciales, y que otros se firmaron con anterioridad al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«Entre los denunciantes hay jubilados, pensionistas, amas de casa con estudios primarios, además de un arquitecto técnico, profesores, funcionarios, administrativos y un comerciante», explica el auto para incidir en la necesidad de «profundizar si estas personas fueron las idóneas a las que captar».

Quizá, prosiguen los jueces, lo que les llevó a contratar los valores fue el «único dato» de que les reportaría un rendimiento del 7,3 % y «no quisieron reparar en más», pero «en cualquier caso, ante el abanico de situaciones que pudieron darse, merece ser investigado».

Los magistrados recogen un informe de la Intervención General de la Administración del Estado según el cual los valores «se colocaron de forma masiva y quizás indiscriminada entre la generalidad de los clientes del banco, en unos momentos que se podía intuir y notar los inicios de las turbulencias de los mercados financieros» en 2008.

Todo ello «redunda en la idea de que no es descartable la vía penal» para investigar estos hechos, concluye la sala.

En 2004, el banco anunció la emisión de 7.000 millones de euros en «Valores Santander», divididos en 1,4 millones de valores de 5.000 euros cada uno.

Dicha emisión se hizo para hacer frente a parte de la oferta pública de adquisición -opa- sobre el 100 % del banco ABN Amro, el Royal Bank of Scotland y Fortis.