Dos años de reforma laboral: 675.00 ocupados menos, 256.800 parados más

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en el primer trimestre de 2012, momento en que la reforma comenzó su andadura, era de 17.433.200. En el último trimestre de 2013, los ocupados habían bajado a 16.758.200.

Mientras, los desempleados pasaron de 5.639.500 en el inicio de 2012 a 5.896.300 al cierre de 2013, lo que se tradujo en un punto y medio más en la tasa de paro, del 24,44 al 26,03 actual.

La reforma laboral se aprobó el 10 de febrero de 2012 en Consejo de Ministros en los primeros 50 días del Gobierno de Mariano Rajoy, con la pretensión de «marcar un antes y un después en la legislación laboral de España» y sentar las bases para crecer y crear empleo.

Desde que se puso en marcha, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha hecho hincapié en que la reforma buscaba «romper con la rigidez del mercado de trabajo».

El pasado agosto, cuando la reforma llevaba año y medio de recorrido, Báñez hacía una lectura positiva y subrayaba que estas medidas habían contribuido a evitar la destrucción de más de 225.000 empleos.

Entre otras cosas, la reforma laboral ha dotado de mayor flexibilidad interna a las empresas con dificultades económicas para que recurrir a medidas alternativas al despido, como los descuelgues o inaplicaciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, jornada, horario, movilidad o funciones.

También ha abaratado la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, ha facilitado el despido objetivo con 20 días de indemnización por causas económicas y ha eliminado la autorización administrativa previa para los ERE.

Además, ha introducido un nuevo tipo de contrato para emprendedores, dirigido a autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente y con un periodo de prueba de un año sin indemnización por despido.

Con motivo de los dos años de vigencia, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha recordado que es la reforma número 36 desde que se instauró el Estatuto de los Trabajadores y ha advertido de que se van a tener que hacer «muchas más» para ir adaptando «la realidad económica a la legalidad económica».

Rosell ha defendido que ninguna reforma laboral es capaz de crear puestos de trabajo al día siguiente y ha precisado que si en los años «más cruentos de la crisis, 2008 y 2009» hubiera habido medidas como ésta, las empresas no se habrían visto obligadas a cerrar o despedir.

Sin embargo, para CCOO y UGT la realidad es distinta y ambos coinciden en que la reforma no ha creado empleo ni ha frenado su destrucción.

«Tenemos un país que encoge» ha dicho la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, que basa estas palabras en «la reducción drástica de la población activa en España».

López no encuentra ninguna mejora en la reforma y ha recalcado que sólo genera empleo precario mientras que destruye el empleo «estable, asalariado y de calidad».

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha resaltado que tras dos años de reforma hay 1.049.300 ocupados menos si se toman los datos de la EPA de cierre de 2011, un mes y medio antes de su entrada en vigor.

Según Ferrer, la única finalidad de la reforma ha sido la devaluación salarial y la pérdida del poder adquisitivo.

El tercer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral de la Fundación Sagardoy, el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Adecco ha calculado que los salarios han bajado de media un 10 %.

Según el Observatorio, la media de las indemnizaciones está en 26 días en caso de despido colectivo por causas objetivas, seis días más de los previstos por ley.

En su informe de evaluación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha considerado que la reforma ha contribuido a aumentar la contratación indefinida y la flexibilidad interna, a reducir los despidos colectivos y a moderar los salarios.

No obstante, ha recomendado nuevos ajustes para abaratar el despido, ampliar los periodos de prueba y disminuir la discrecionalidad de los tribunales para invalidar despidos colectivos.