El despido tributará en el IRPF y se eleva el mínimo personal

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado los anteproyectos para modificar las leyes del impuesto de la renta de las personas físicas; sociedades; impuesto del valor añadido y ley general tributaria, que fueron aprobados en Consejo de Ministros el pasado viernes, cuando ya se revelaron algunos detalles.

Hoy se han publicado en la página web del Ministerio para su consulta pública y el envío de las observaciones pertinentes, y se han remitido a los agentes sociales, en tanto que se presentarán a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves.

El que se refiere al IRPF, el más importante por recaudación y por ciudadanos a los que afecta, tiene entre sus principales novedades que deja de tributar la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual.

Además las pérdidas de capital derivadas de la inversión en participaciones preferentes servirán para compensar las ganancias patrimoniales que se obtengan con las acciones fruto del canje.

Asimismo, la aportación máxima a los planes de pensiones que podrá ser desgravada en el IRPF se reducirá a 8.000 euros por año.

En lo que se refiere a la tributación de las indemnizaciones por despido se establece un mínimo exento equivalente a 2.000 euros por año trabajado.

Los deportistas profesionales que residan en España por motivos laborales ya no podrán acogerse al impuesto de la renta de no residentes, que les permitía tributar hasta ahora a un tipo de 24,75 % por los primeros 600.000 euros de retribución.

También cambia la deducción por el alquiler de la vivienda habitual, que será suprimida a partir del próximo ejercicio, aunque podrán seguir beneficiándose de ella quienes hayan firmado el contrato de arrendamiento con anterioridad al 1 de enero de 2015.

Además, la retención para autónomos con rentas menores a 12.000 euros bajará del 21 al 15 % a partir de julio.

En cuanto al sistema de módulos, se reduce el umbral de exclusión de 450.000 a 150.000 euros y de 300.000 a 150.000 euros de gastos.

Se excluyen las actividades que facturen menos de un 50 % a las personas físicas.

Sobre el impuesto de sociedades, desaparece la deducción por inversiones medioambientales y se eliminan las de reinversión de beneficios, que son sustituidas por la de reserva de capitalización, por la que queda exenta de tributación aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible.

Con destino exclusivo para la pequeña y mediana empresa destaca como novedad la creación de una reserva de nivelación de bases imponibles.

Además las empresas que inviertan en I+D más del 10 % de sus ingresos netos contables ampliarán el porcentaje de deducción al 50 %.

El impuesto de sociedades se mantiene en el 30 % para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha explicado que el sector financiero «se ha visto bien tratado» durante la crisis y se ha beneficiado de programas de asistencia que no se han dado en otros sectores, lo que mantenerles el tipo «compensa de alguna forma».

En el cine -y probablemente también en el teatro, aunque aún no aparece en el anteproyecto- se elevan los incentivos y se fija una deducción del 15 % de los gastos de producciones extranjeras en territorio español.

En cuanto al IVA, se mantiene como está excepto en el sanitario, que debe adecuarse a una sentencia europea.

Así, las gafas y lentillas graduadas, prótesis, sillas de ruedas y muletas, así como gasas, vendas, botiquines o parches oculares se mantienen con un IVA reducido del 10 %, en tanto que suben al tipo general (del 21 %) equipos médicos, aparatos, instrumental sanitario y productos farmacéuticos.

Montoro ha insistido en que los principales beneficiados de la reforma serán las rentas medias y bajas y ha defendido que el Gobierno no está «innovando», ya que refleja los datos que aparecen en el Programa de Estabilidad aceptado por la Comisión Europea (CE).

Bruselas cree que la reforma fiscal ignora algunas de las recomendaciones de la UE y que podría «dificultar» a España el cumplimiento de sus compromisos de consolidación presupuestaria, lo que también ha negado el ministro.