A perro flaco, todo son pulgas. El refrán describe a la perfección el estado en el que se encuentra en estos momentos BBVA. El escándalo del espionaje supuestamente encargado a Villarejo en 2004 y 2005 y su gestión han colocado al banco en una situación de debilidad tal que se ha convertido en el centro de todas las críticas.
Desde que salió a la luz, a principios de este mes de enero, la trama de escuchas y seguimientos a políticos y empresarios la entidad ha tenido que enfrentarse a una serie de contratiempos que están minando seriamente su reputación. Los últimos en sumarse a este carro de ataques sistemáticos han sido los empresarios chinos, que ayer protagonizaron una protesta masiva por el bloqueo de sus cuentas ante el edificio que alberga desde hace mes y medio el nuevo despacho del presidente de honor, Francisco González.
La entidad, ante tal caso, tuvo que salir al paso de las acusaciones señalando que cumple con la normativa de prevención de blanqueo de capitales para congelar el dinero de este colectivo, y se vio en la obligación de apoyarse en la patronal del sector, la AEB, para defender su actuación. El portavoz de BBVA Álvaro Calleja indicó que «hemos notificado a todos nuestros clientes la petición de documentación necesaria y se les ha dado un plazo razonable».
«En estos momentos, estamos incluso contactando a todos aquellos que no han presentado la documentación necesaria, facilitándoles toda nuestra red de oficinas, así como otros canales alternativos para que redocumenten, si todavía no lo han hecho», señaló. Desde la AEB, José Luis Martínez Campuzano señaló que «la ley de prevención de blanqueo de capitales impone a los bancos una serie de requisitos, en términos de vigilancia y de control, de todos sus clientes» y que se aplica por igual «con independencia de su nacionalidad».
Crisis con los chinos
La crisis con la comunidad china, que le acusa de discriminación racial, se suma a las vertidas en las últimas semanas por importantes personalidades. Algunos banqueros, aunque no han sido muy contundentes en sus declaraciones, han reclamado celeridad a BBVA en la investigación interna sobre el caso del espionaje porque drena aún más la imagen de todo el sistema financiero, en un momento en el que lo que más necesita es precisamente mejorar la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sector. Las autoridades también han hecho un frente común para que la entidad imprima velocidad en sus pesquisas, entre ellas, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España. Y los pasos que está dando la Justicia no ayudan en nada a que el grupo que preside Carlos Torres ponga orden para cerrar este negro capítulo.
El hostigamiento a BBVA llegó incluso desde el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que aprovechó una de sus comparecencias ante la Audiencia Nacional para acusar al que fuera el máximo responsable del banco Francisco González de pedir al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, su dimisión de Bankia, en mayo de 2012.
Toda esta retahíla de ataques está derrumbando la imagen del segundo banco más importante de nuestro país, sin que sus responsables tomen cartas sobre el asunto. La pasividad con la que se está enfrentando a toda este asedio hace que la reputación haya entrado en una espiral de caída libre, difícil de parar. En la entidad son conscientes del momento por el que atraviesan y de sus repercusiones, pero las medidas que están adoptando son tímidas para la complejidad de la situación.
Desde algunos ámbitos se sostiene que la ola de críticas se habría sosegado si desde el primer momento se hubiera apartado a González de la presidencia honorífica, teniendo en cuenta la gravedad de los contratos con Villarejo. Esta misma semana el banco ha tenido que reflejar en su informe de gobierno corporativo el riesgo tanto reputacional como económico que puede suponer el caso. Pero para este reconocimiento ha tenido que tener presión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El presidente del regulador bursátil, Sebastián Albella, se quejó amargamente días antes de que no había recibido ninguna información por parte del banco sobre este asunto y que iba estar vigilante para que lo hiciera, ya que la normativa le obliga a dar cuenta a los inversores de este tipo de cuestiones que pueden afectar al patrimonio de una empresa cotizada.
La entidad, con Torres al mando, ha preferido dar la callada por respuesta hasta que su investigación culmine sobre el espionaje de Villarejo. Ha intentado silenciar el escándalo hasta tener todo bien atado, pero las iniciativas de la Audiencia Nacional y de los afectados la semana pasada están alimentado todo tipo de especulaciones, hasta su vinculación con el incendio de la Torre Windsor de Madrid en febrero de 2005, en plena batalla con Sacyr y en medio de las supuestas escuchas ilegales del excomisario.
Torres, en su única comparecencia pública desde que se inició la crisis del banco, dejó claro que las medidas vendrían de la mano de las conclusiones de la investigación interna, pero también insinuó que los medios con los que contaba la entidad para analizar unos hechos que se remontan a hace catorce años son limitados. Por ello, dejó caer que tendría que ser la Justicia la que determinara los posibles delitos cometidos y sus responsables. Y hasta que esto ocurra González mantendría el cargo honorífico, su despacho, su secretaria y su coche oficial, porque no es nadie para pedir la dimisión de nadie, a pesar de ser el nuevo presidente de BBVA.
Fuente: Eleconomista
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