El diario.es Artículo de Tiziana Trotta.
El periodista alemán Werner Rügemer publica «Las agencias de calificación», un libro de investigación que trata de desenmarañar el lado oscuro de las entidades que se dedican a poner nota a la solvencia de países y empresas.
Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch suman un 95% del mercado de las calificaciones.
Sus propietarios son grandes fondos de inversión y empresas que a su vez tienen su sede en paraísos fiscales.
Sus juicios hacen temblar los mercados. Actúan a varios niveles, en una dinámica compleja y oscura, con un juego de influencias políticas y negocios colosales que se retroalimenta. Las tres grandes agencias de calificación de riesgo, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, gozan de una credibilidad innegable entre gobiernos e instituciones internacionales, pese a que sus nombres estén vinculados a graves errores, como el que en 2008 llevó a la quiebra al banco Lehman Brothers. En Las Agencias de Calificación (Editorial Virus, Barcelona, 2013), el periodista alemán Werner Rügemer (Amberg, 1941) intenta destapar el delicado entramado que está detrás de los vigilantes del mercado, desvelando sus verdaderos propietarios y relantando cómo consiguen “apoderarse de empresas, servicios públicos, Estados y economías nacionales completas”.
El hilo conductor del libro está claro. Las agencias evalúan el riesgo de impago por parte de empresas o países. Un juicio negativo tiene un impacto inmediato en los mercados y hace que las sociedades y los gobiernos tengan que hacer frente al pago de mayores intereses para volver a ganar la confianza de los inversores. Este inmenso poder está concentrado en manos de apenas tres organizaciones.
Las cifras son abrumadoras. Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch suman un 95% del mercado de las calificaciones. Cada uno de sus 3.598 analistas emitió una media de 760 dictámenes en 2010, lo que supone un promedio de más de dos informes de unas 300 páginas por día. Rügemer aclara que esta “alquimia” se basa en mecanismos complejos y una total falta de transparencia. “Dicen que utilizan un método objetivo y científico para medir el riesgo de una deuda en comparación con la situación del mercado”, explica, “pero no es así, no analizan lo que realmente pasa a su alrededor, sus juicios dependen solo de sus propietarios”. El periodista alemán afirma que las tres grandes están controladas por las mismas empresas que tienen que evaluar y que sus accionistas utilizan las calificaciones para adquirir productos financieros.
¿Pero quiénes son estos propietarios? “Los actores más poderosos del sistema financiero”, destaca el autor, “pero cuando empecé a escribir mi libro, nadie se había cuestionado quién mueve los hilos detrás”. Sus investigaciones han llegado a revelar que se trata de “los mayores fondos de inversión y de alto riesgo del mundo que están en manos de bancos y grupos empresariales que a su vez controlan muchas importantes multinacionales”. En unas palabras, resume, “actúan solo en el interés de Wall Street”. S&P y Moody’s, por ejemplo, comparten propietarios de nombres altisonantes, como Morgan Stanley, Allianz Global Investors, Oppenheimer, Washington Mutual y Neuberger Berman, así como los mayores accionistas de Fidelity, Wellington, Capital Group y Berkshire Hathaway, que participan al mismo tiempo en otros grandes grupos empresariales estadounidenses, como 3M, Alcoa, American Express, Boeing, General Motors e International Paper.
El magnate Warren Buffet controla un amplio porcentaje de la actividad de Moody’s, directamente o a través de su fundo de inversión Hataway Pacific, lo que le permite al mismo tiempo elaborar análisis y realizar fructíferas inversiones. Fitch, por su parte, mantiene vínculos muy estrechos con sectores claves de la economía, como las comunicaciones y las editoras. “Todas las agencias y sus propietarios, además, tienen su sede social en paraísos fiscales, sobre todo en Wilmington (Delaware)”, recuerda Rügemer.
El apoyo de los centros neurálgicos de la economía se acompaña por la complicidad del sistema de “puertas giratorias”, que permite la rotación de los directivos de las agencias entre cargos políticos relevantes. “Son a la vez actores estatales y privados”, añade el autor, “y su doble fuente de poder les impide ser objetivas”. El fin de los supervisores, de acuerdo con él, “no es la reducción de la deuda, sino el sobreendeudamiento sistémico”, ya que los préstamos constituyen la base para operaciones financieras de mayor alcance “gracias a las cuales los propietarios de las agencias obtienen sus grandes ganancias”.
Las evaluaciones de las tres grandes han levantado numerosas sospechas sobre su fiabilidad en los últimos años, sin que esto disminuyera su prestigio y sin que sus directivos tuvieran que responder por ello. Moody’s, por ejemplo, calificó con la nota máxima al banco Lehman Brothers hasta su quiebra en 2008, mientras que S&P está acusada de haber inflado la evaluación de activos inmobiliarios, favoreciendo a la crisis económica.
Algunos gobiernos han decidido tomar medidas para poner coto al ilimitado poder de las agencias. EE UU está sopesando demandar a Moody’s por defraudar a los inversores, en la espera de que se resuelva el juicio que le enfrenta a S&P por las calificaciones de los activos inmobiliarios. La fiscalía italiana también ha presentado cargos en contra de S&P y Fitch.
Poner un punto final a este oligopolio, según Rügemar, es posible, pero aún quedan varios obstáculos por el camino. «Seguimos pensando que las agencias son buenas y sus juicios son necesarios también porque los medios de comunicación se hacen eco de esta visión. Le siguen la corriente y no se preguntan qué hay detrás», insiste. El prestigio de las agencias se mantendrá inalterado hasta que “Estados e instituciones como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal, así como otros bancos centrales decidan retirarles su apoyo”, subraya el periodista.
El prólogo y el epílogo del libro lo ha redactado Gonzalo Boyé, uno de los abogados que ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra las tres agencias por alterar el precio de la deuda pública y uso de información privilegiada.
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